Gisela Uscanga.- Una de las estrategias para blindar los programas que ofrece la Sedesol en el marco de las elecciones electoral en la entidad, será la participación de organizaciones civiles no gubernamentales, con la finalidad de que cualquier servidor público que condiciones los apoyos pueda ser denunciado.
Lo anterior lo informó el delegado de dicha dependencia, Ranulfo Márquez Hernández quien comentó que se están realizando los últimos detalles al mecanismo de blindaje.
Al respecto, el funcionario federal detalló que para el presente año, la Sedesol colaborará con la academia y varias organizaciones civiles, para que funjan como contraloras sociales, buscando establecer comités comunitarios, donde sea la propia población la encargada de vigilar que nadie esté condicionando los apoyos.
“Estos grupos se van a conformar con gente de distinta afiliación política, así como de gente ajena a los mismos y eso permite que haya mayor control”.
Igualmente, recordó que tienen la instrucción de cumplir con la disposición legal de suspender la publicidad y entrega de apoyos durante el periodo de campaña.
“Los programas tienen que seguir funcionando y van a funcionar ahorita y después de la elección, entonces ese es un trabajo que tendremos que hacer, se está instrumentando ahorita para que no se nos acuse de intervenir en el proceso electoral local”, agregó.
Asimismo, por cuanto hace al programa 70 y Más, precisó que con la modificación planteada por el presidente Enrique Peña Nieto desde el inicio de su administración, de bajar la edad a 65 años, se espera que en Veracruz se alcance un censo de 120 mil beneficiarios.
“En este momento como parte del programa 70 y Más se tienen registrados 30 mil ciudadanos, pero en unos días más se firmará el acuerdo para la integración de los programas de desarrollo social para poder hacer una cobertura muy amplia”.
Por último, Márquez Hernández refirió que en unos días darán a conocer los detalles para acceder a la lista de beneficiados del programa de 70 y Más, que ahora incluirá a personas desde los 65 años de edad, que no tengan pensión del estado o del seguro social.
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