Barruntos de tormenta (II)

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• Rafael Pérez Cárdenas

A estas horas, la nueva Ley de Seguridad Interior aprobada la semana pasada por el Congreso federal –con el voto de ambas Cámaras- sigue abriendo el debate sobre sus alcances, principalmente en dos vías: la urgente necesidades de establecer un marco de actuación a las fuerzas armadas en medio de esta guerra contra el narco que no acaba, y la eventual militarización del país, suponiendo que la norma da manga ancha a las instituciones castrenses.

Pero más allá de las reacciones políticas al interior del país, lo que realmente debe preocupar al gobierno federal son las reacciones que ha provocado en el plano internacional… aunque tal vez ya lo esperaban. Pensar que el Presidente decidió apoyar esta ley para enardecer el ambiente electoral en contra de su partido es absurdo; suponer que lo hizo para detener las manifestaciones ante un mega fraude que se cometería en la elección presidencial, sólo puede suceder en la imaginación tropical de uno de los aspirantes. Aún López Obrador, ha pedido que nadie se desgarre las vestiduras.

De esta forma, la vigilia de los senadores podría haber sido inútil. Para el Presidente –a quien corresponde hacer la promulgación de la ley-, caería mejor un reconocimiento internacional por detener lo que se considera violatorio a los derechos humanos, que impulsar una reforma que nos pondría en la jaula de los animales salvajes en el escenario mundial.

La ONU ha dicho que la nueva ley es ambigua en ciertos puntos y contiene una definición poco estricta de las situaciones en las que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en un contexto de protestas sociales. El aumento del papel de las fuerzas armadas sin sistemas de control y rendición de cuentas adecuados puede crear las condiciones para la repetición de violaciones de los derechos humanos como las cometidas ya que a las fuerzas armadas se les asignó un papel principal en la lucha contra el crimen, fue la opinión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU a través de un comunicado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se pronunció sobre la ley; informó que se encuentra realizando un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad de la Ley aprobada este viernes por el Congreso de la Unión y exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que formule observaciones a esta legislación. 

Antes de su aprobación, en un hecho sin precedentes, siete relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas divulgaron una carta de rechazo a la normativa: «Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles».

También las universidades más importantes del país la rechazan, como en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara o la Universidad Iberoamericana.

El miércoles, en un comunicado firmado por los rectores de los tres centros, se leía: «Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio, que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública».

La ley señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios tendrá una temporalidad de un año, y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior.

Pero hay un dato en el que pocos han reparado. ¿Quiénes aprobaron en la Cámara de Diputados esta nueva ley? En una hora y sin discutir los cambios realizados por los senadores, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor y 26 en contra. La ley fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial, último trámite antes de que entre en vigor.

La votación estuvo así. Los 262 votos a favor –apenas 12 votos más de la mitad del número toral de diputados-, fueron del PRI, el PVEM, algunos de Nueva Alianza y el PES. El PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y los independientes no dieron ni un solo voto.

Pero si estos tres partidos y los independientes estaban no dieron su aval a la nueva ley, ¿porqué sólo hubo 26 votos en contra y ninguna abstención? Por una razón muy sencilla: prefirieron no asistir a la sesión y no enfrentarse a las fuerzas armadas.

Por ejemplo, Morena tuvo 23 votos en contra pero otros 24 diputados de su bancada no asistieron. El PRD no tuvo un solo voto en contra porque sus 53 diputados tampoco estuvieron presentes, lo mismo que los 20 legisladores de Movimiento Ciudadano. Si la elección la iban a perder, al menos hubiera quedado para la historia el registro de su voto en contra. Hasta la fecha, tampoco han hecho un posicionamiento, acaso la buenaventura morenista de que no hay de qué preocuparse. ¿Quién miente entonces respecto a la nueva ley de Seguridad Interior?

De la censura y la ley mordaza de la que tanto se habla y se teme, luego les cuento.

Las del estribo… 

  1. En Jalisco, el candidato natural del PRI al Gobierno del Estado, el senador Arturo Zamora, se quedó en el camino. En Yucatán, tanto el Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, como el hijo del coordinador de los Senadores, Emilio Gamboa, mordieron el polvo y tampoco lograron la nominación. Todos pesos muy pesados. ¿Qué estará pasando que los favoritos se están quedando con el bat al hombro?
  2. Vaya cosa la que sucede en el priismo veracruzano. Entre un Presidente que no se quiere ir y otro que ya quiere llegar, parece que la sucesión se pone color de hormiga. El tan anunciado arribo del nuevo delegado del CEN del PRI no se ha dado; en cambio, se ha confirmado el relevo en la delegación federal en la SEGOB. La pregunta es: ¿en dónde está el piloto?
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