Bermúdez Zurita delata a Duarte y a Tarek

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Redacción.- Apenas unos días después de tomar protesta como gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa ordenó iniciar con la creación de empresas fachadas y prestanombres para transferir recursos millonarios de fondos federales de educación, salud y seguridad para la compra de propiedades, creación de cuentas bancarias y uso en gastos personales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le siguió la pista y el 6 de octubre de 2016, seis días antes de que solicitara licencia al cargo, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío millonario de fondos federales, a través de una red de complicidad, prestanombres y empresas fachadas.

De acuerdo con la investigación, unos días después de tomar protesta, Duarte invitó a varios de sus amigos a colaborar para hacer inversiones y negocios, entre ellos se identificó a Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora; cada uno tendría diversas actividades que realizar.

Las piezas claves fueron Alfonso Ortega López, quien buscaba oportunidades de negocio para invertir el dinero desviado, y José Juan Janeiro Rodríguez, encargado de realizar los pagos y transacciones, quienes declararon a la autoridad federal la red de complicidades del gobierno de Javier Duarte.

Durante la audiencia de este miércoles en Guatemala, donde se encuentra detenido desde el sábado pasado, el Tribunal Quinto de Sentencia leyó la acusación del gobierno mexicano en contra de Duarte por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.

Ahí se revelaron datos claves, como un desvío de 350 millones de pesos de fondos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en diciembre de 2015 para la creación de empresas fachada como Inmobiliaria Ror, SA de CV, Alpargata Marín Corporación, Terra Urbanizaciones y Desarrollo Inmobiliario, SA de CV, Consorcio Brades, SA de CV, Diseñadores Arquitectónicos Melvan, SA de CV, Diseños Arquitectónicos Alín, SRL de CV, Mexican Heltyn Service, y H20 SA de CV; para el desvío y compra de propiedades.

También se reveló la declaración del ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, quien acusó que el ex tesorero Tarek Abdalá Saad le pidió a mediados de 2014 desviar recursos de la dependencia para el pago de proveedores.

En su declaración en diciembre de 2016, Bermúdez Zurita –hoy preso en el penal de Pacho Viejo– señaló que este sistema también funcionaba en las secretarías de Salud, Educación, y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

En la audiencia también se reveló la vinculación de estas operaciones con el ahora diputado local del PRI Juan Manuel del Castillo, quien fungió como subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y a quien se le encargó “arreglar” las transacciones hechas desde dependencias a las empresas fantasma.

Incluso, Juan Manuel del Castillo sostuvo reuniones con uno de los prestanombres de Duarte, Juan Janeiro Rodríguez, en una sede alterna a la Secretaría de Finanzas para arreglar los traslados de dinero a empresas particulares. Los testigos también revelaron que el entonces secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, tenía conocimiento del tema.

En la audiencia también se revelaron varias de las propiedades que obtuvo el ex gobernador con fondos federales de Veracruz, que eran transferidos a empresas fachada para la adquisición de inmuebles.

El 12 de octubre Alfonso Ortega López declaró ante las autoridades que el 31 de diciembre de 2010, durante una fiesta en el departamento torre B nivel 1 lote 7 del conjunto Sinestre, en Ixtapa, Zihuatanejo, Javier Duarte lo instruyó a recibir fondos y situarlos en diversas inversiones.

El hoy requerido se ostentaba como dueño del departamento y después tuvo conocimiento que Duarte era dueño de dos departamentos más, los cuales se adquirieron el 17 de mayo de 2010, a través de negociación que realizó Janeiro Rodríguez con los representantes de la desarrolladora Ventas Arrecife, cuyo valor es de un millón 500 mil dólares cada uno.

Después, el 3 de febrero de 2011, Ortega constituyó una sociedad para un negocio inmobiliario: Inmobiliario Ror, SA DE CV, en el cual aparece como inversionista Mario Rosales Mora.

El 12 de mayo de 2011, la citada compañía fantasma adquirió dos inmuebles contiguos en la calle Sierra Fría 715, de Lomas de Chapultepec, con valor de 47 millones de pesos. Javier Duarte dijo a Ortega que quería construir su casa de retiro.

El testigo también señaló que en marzo de 2011, durante la fiesta de Cumbre Tajín, le instruyó comprar una lancha Aquariva, que se utiliza en lagos de Europa, para lo cual le ordenó constituir la empresa Alpargata Marín Corporación, para que a través de ésta se realizara la operación de compra-venta con la empresa distribuidora de yates en Florida. El precio fue de 790 mil dólares. La lancha fue pagada por el despacho de Contreras y Janeiro.Meses después, Ortega se enteró de la existencia de unas parcelas ubicadas en Campeche, por lo que planteó a Duarte el negocio, quien ordenó que se procediera a la compra de 21 parcelas, las cuales deberían ser adquiridas con los prestanombres.

Así, Alfonso Ortega López adquirió cuatro, José Juan Janeiro Rodríguez tres, Rafael Gerardo Rosas Bocardo cinco, y Moisés Mansur Cysneiros nueve. Para la compra de las parcelas, simularon ser ejidatarios durante más de un año en la comunidad ejidal.

En agosto 2013, Ortega celebró un acuerdo con la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollo Inmobiliario, SA de CV, empresa que sólo existe en el papel. Según Ortega, la empresa compraría las cuatro parcelas ejidales en la cantidad valuada, Moisés pactó la venta de cinco de las nueve, que fueron adquiridas al Consorcio Brades, SA de CV, también empresa fachada.

En la declaración también se ubicó una propiedad en Campos Elíseos en Polanco, Ciudad de México, el cual era utilizado como residencia de Duarte y está escriturada a nombre de Moisés Mansur Cysneiros, que actúa como testaferro.

Ortega también señala tener conocimiento que durante 2015, diversas empresas fachada entre las que se encuentran: Diseñadores Arquitectónicos Melvan, SA de CV, Diseños Arquitectónicos Alín, SRL de CV y Mexican Heltyn Service, H20 SA de CV, fueron contactadas por el gobierno de Veracruz para transferir recursos provenientes de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), hasta por 350 millones de pesos, los cuales fueron destinados en parte para fondear por conducto de las personas morales a las empresas Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV, y Consorcio Brades SA de CV.

Durante las investigaciones, se logró entrevistar a Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien el 13 de diciembre de 2016 señaló que a mediados de 2014 recibió una llamada telefónica del entonces tesorero Tarek Abdalá para decirle que por instrucciones de Duarte, a partir de esa fecha todos los programas y recursos federales que llegaran serían recibidos en la propia SSP y luego tendrían que regresarlos a la Tesorería del estado, y otras cantidades se tendrían que pagar a diversos proveedores, añadiendo que este sistema también funcionaba en la SEV y las secretarías de Salud (SS) y Educación y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).

Bermúdez afirmó que en un inicio se negó a realizar lo ordenado, sin embargo, Tarek Abdalá le señaló que se trataba de una instrucción directa del gobernador Javier Duarte.

El ex secretario ahora preso en el penal de Pacho Viejo por un año, confirmó que Duarte era propietario de inmuebles como un condominio de lujo ubicado en el sexto nivel de la torre Pelicano en Boca del Río, el rancho El Faunito en Fortín de las Flores, y un departamento en Campos Eliseo 71 BIS, en Polanco, Ciudad de México.

En la investigación, las autoridades lograron obtener la declaración de José Juan Janeiro Rodríguez, uno de los más importantes prestanombres de Duarte, donde de acuerdo a las autoridades, refirió datos y hechos que involucran a Javier Duarte y su esposa Karime Macía Tubilla, en la obtención de recursos de Veracruz para beneficio propio.

En su declaración, señala que a principios de 2015, Duarte le llamó para pedirle realizar las gestiones necesarias para obtener un crédito bancario, ya que afrontaba diversos gastos del gobierno del estado, como pagos de nómina y aguinaldos.

En un inicio hicieron contacto con el banco Intercam, a quienes se citó en la oficina, y a esta cita también llegó el ex secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac Murillo, sin que se llegara a un arreglo al crédito.

Posterior, recibió una llamada de Duarte diciendo que había conseguido el crédito con otra institución, pero necesitaba una nueva gestoría: le pidió que le proporcionara el nombre de empresas que pudieran fungir como receptoras de fondos de Veracruz, con el ánimo de satisfacer necesidades personales y gastos en los que había incurrido para la obtención del crédito.

Pidió que todo lo relacionado con las operaciones de facturación se trataran directamente con el ex subsecretario de Administración y Finanzas Juan Manuel del Castillo –actual diputado local–, sin embargo, éste no pudo cumplir con lo ordenado, lo que derivó en que las empresas se quejaran, pues no tenían forma de acreditar los recursos recibidos.

Las empresas señalaban que el gobierno dispersó importantes cantidades de dinero, pero Juan Manuel del Castillo no pudo materializar su facturación y las empresas no pudieron acreditar haber tenido una licitación, emitido factura o celebrar un contrato, por lo que sólo captaron los recursos del gobierno del estado sin justificación legal alguna.

José Juan Janeiro informó que avisó de todo lo anterior a Moisés Mansur y vio a Javier Duarte en al menos tres ocasiones para solucionar este problema. El prestanombres refiere que los 350 millones de pesos que las empresas habían captado de la SEV en diciembre de 2015 no tenían ninguna justificación en origen y las empresas querían documentar las operaciones con una dependencia.

De acuerdo con el testimonio, cuando Duarte se enteró de la situación, señaló molesto que le parecía increíble que Juan Manuel del Castillo no hubiera podido resolver el problema. Posteriormente, Juan Janeiro Rodríguez se entrevistó con Del Castillo, donde finalmente aceptó que el problema no tenía solución.

Ante la situación, Duarte designó a Ignacio García Leyva para que él fuera quien se ocupara de solucionar esa problemática, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Juan Janeiro Rodríguez se entrevistó en septiembre de 2016 con Duarte para advertirle que el asunto se complicaba, pues el destino de ese dinero estaba vinculado a operaciones personales del gobernador y operaciones de Moisés Mansur.

Ante ello, Duarte sugirió desaparecer los registros electrónicos y contables de la operación en el gobierno y las transacciones a las empresas, sin embargo, le comentaron que esto era imposible, pues había registros bancarios.

Juan Janeiro Rodríguez advirtió a Duarte que esas transferencias de recursos había sido enviadas directamente a Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV, y Consorcio Brades, SA de CV, empresas fantasma.

Fuente: Agencias.

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