Castigo no es justicia: lo robado no volverá

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• Rafael Pérez Cárdenas

No es lo mismo castigar que hacer justicia. En México, es una distorsión que el sistema de justicia aplique criterios diferentes para los ciudadanos comunes y para quienes pertenecen a las élites política, económica y hasta delincuencial. A la luz de los casos recientes, es evidente que en nuestro país se castiga pero no se hace justicia. No importa si los delitos fueron cometidos por sicarios o funcionarios públicos, las víctimas nunca gozan de la garantía de la justicia.

Si bien es cierto que sin castigo no hay justicia, ésta no reside solamente en la sanción sino también en la reparación del daño. No es exagerado asegurar que a la cárcel llegan generalmente los pobres –según estadísticas oficiales, el 99% de los delitos no se castigan- y sólo algunos políticos en desgracia, ante lo escandaloso que suelen ser sus fechorías.

Por tanto, la detención y proceso de Javier Duarte es apenas un acto administrativo pero no de justicia plena. El ex gobernador está recibiendo un castigo –la privación de su libertad y lo que ello implica-, pero la sociedad veracruzana no está siendo sujeto de una acción de justicia, es decir, los daños y agravios sufridos por quien ha sido castigado, no han sido reparados.

Y seguramente no lo serán, porque no hay un antecedente en México que nos haga pensar lo contrario. A los políticos se les castiga pero no se les obliga a devolver lo robado, porque generalmente estos recursos van a parar no sólo al peculio personal sino a la política misma. Así pasa en todos los partidos y en todos los niveles de gobierno.

Basta hacer un recorrido de estos años de pesadilla para darnos cuenta que más de una veintena de gobernadores se encuentran sujetos a proceso o investigados por el desvío de más de 258 mil millones. Esta cifra es la que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque –como en el caso de Veracruz- sabemos que es mucho mayor, ya que no se contabilizan los recursos estatales propios.

Este domingo, el portal sinembargo.mx documentó que los 258 mil 829 millones 185 mil pesos desviados por los 22 gobernadores priístas que han administrado al país junto con el Presidente Enrique Peña Nieto son equivalentes a seis veces el presupuesto anual para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nueve veces el presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la mitad del presupuesto para el sistema nacional de salud o la cantidad suficiente para dar 10 mil 353 millones de desayunos escolares fríos a niños y adolescentes en situación económica vulnerable.

En esa lista no aparecen los casos de gobernadores que llegaron al cargo desde la oposición como Guillermo Padrés, Juan Sabines, Ángel Aguirre y Emilio González, entre algunos otros. Todos ellos, sin importar su partido, tuvieron la misma característica: actuaron libremente en una especie de virreinatos, sometiendo a los Poderes del estado y las entidades de fiscalización. En su feudo eran más poderosos que el Presidente mismo.

Según el portal de noticias Huffington Post, hasta finales del año pasado existían acusaciones y señalamientos por el saqueo de al menos 307 mil millones de pesos y una deuda pública de 479 mil 430 millones de pesos en tan sólo 11 entidades que incluyen a Michoacán, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

A pesar de las investigaciones, en ningún caso, el dinero ha sido devuelto al erario público de las entidades federativas. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, en enero pasado la PGR reintegró apenas 171 millones de los 421 que ha logrado recuperar, cuando en cifras de la propia Auditoría Superior de la Federación, el desfalco podría ser superior a los 50 mil millones de pesos. Es decir, no nos han devuelto ni los intereses.

Todos estos casos tienen que ver directamente con la sustracción de dinero público. Aparte se encuentran aquellos casos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios de los tres niveles de gobierno, a través de empresas que obtuvieron grandes beneficios como Odebrecht, Higa y tantas otras.

Los desvíos tuvieron muchas formas. Desde la transferencia directa de recursos a cuentas personales sin justificación alguna, la creación de empresas fantasmas para simular la compra de bienes y prestación de servicios, hasta la más vieja y conocida: los moches con las empresas encargadas de realizar las obras de infraestructura más importantes o proveer de bienes en áreas estratégicas como la salud y la educación.

Pero los gobernadores no sólo desfalcaron a sus estados sino que también dejaron enormes deudas que se tendrán que pagar en plazos que alcanzan hasta los 30 años, es decir, al menos dos generaciones que no verán crecimiento a causa del costo de la deuda.

Los miles de millones de pesos del atraco del fidelismo fiel no regresarán a los veracruzanos porque a las autoridades federales y del estado sólo les interesaba el castigo, no la justicia. Si saben quiénes se lo robaron, cuánto y cómo se lo robaron, pero no saben dónde está el dinero, entonces el castigo es una mera simulación que garantiza impunidad.

Las del estribo…

  1. Mientras pagaba mi compra en un supermercado, una joven se acercó a la cajera para devolver un limpiador de pisos que por error no le habían cobrado. Eso es lo que la clase gobernante no entiende: la corrupción y la deshonestidad enfurece a la gente que no es como ellos.
  2. ¿Adolfo Ríos alcalde de Veracruz, así como Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca? Decíamos de niños: no todos los días se muere un burro y menos de la misma enfermedad.
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