Concesiones: no tienen llenadera

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• Rafael Pérez Cárdenas

Como la raza no está para clases de derecho administrativo, sólo referiré que una concesión es el “otorgamiento del derecho de explotación, por un periodo determinado, de bienes y servicios por parte de la administración pública a otra, generalmente privada”.

¿Y para qué se otorga una concesión a una empresa particular? Pues porque el gobierno, en el nivel de que se trate, no tiene la capacidad para realizar esa obra u ofrecer ese servicio. De esta forma, la concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, y explotación de un particular, a cambio de una contraprestación económica, que suele variar de acuerdo a múltiples factores.

En teoría, no está mal que si el gobierno no puede hacer algo, que lo haga un particular y obtenga un beneficio razonable por ello. Lo malo es que las concesiones, por pequeñas que sean, se han convertido en grandes negocios que generalmente implican conflicto de interés entre los involucrados.

Esta semana han saltado a la palestra por lo menos dos grandes negocios por la vía de la concesión: el libramiento de Plan del Río y el manejo de la limpia pública en Xalapa. Los dos con una misma característica: las concesiones vencen hasta la siguiente administración de gobierno y han sido promovidas de manera anticipada tanto por el Gobernador del Estado como por el alcalde de Xalapa.

En el primer caso, el Congreso local aprobó la ampliación, por 30 años más, de la concesión a la empresa Concesiones y Promociones Malibrán, SA de CV, -la misma que ha sido señalada de tener una participación accionaria del Gobernador Yunes-, para la operación y explotación del Libramiento de Plan del Río. Esta empresa ya contaba con una concesión que vence en el año 2033, por lo que a partir de esa fecha contará con otros 30 años para cobrar el uso de la vía.

Como lo dijo el propio mandatario estatal, esta ampliación podría representar a las finanzas de Veracruz un ingreso aproximado de mil millones de pesos, los cuales se utilizarían para otras obras de infraestructura. Pero las cifras no cuadran, al menos no a favor de los veracruzanos. Para la empresa será un grandísimo negocio.

En tres décadas, la concesionaria tendrá ingresos superiores a los 8 mil 760 millones de pesos, nada mal si consideramos que sólo aportará mil millones de pesos a Veracruz. Veamos. Cada día, circulan por esta autopista unos 10 mil vehículos de todo tipo. Si consideramos que el costo promedio del peaje es de 80 pesos, entonces diariamente se obtienen ingresos equivalentes a 800 mil pesos, mismos que multiplicados por los 365 días del año, nos da la friolera de unos 292 millones de pesos anuales. Eso si no suben la tarifa en ese tiempo.

Otro caso que salió de las sombras es el del relleno sanitario de Xalapa. Según diversas fuentes periodísticas, la empresa concesionaria de la limpia pública en la ciudad se llama Proactiva y pertenece al polémico ex Secretario de Gobierno y ex alcalde de Xalapa, Reynaldo Escobar Pérez.

Desde mayo pasado, el Congreso recibió la solicitud del Ayuntamiento local para ampliar la concesión para el equipamiento y operación del relleno sanitario de Xalapa, con la sociedad mercantil Proactiva Medio Ambiente MMA, S.A. de C:V:, por un plazo de 15 años más. Ayer fue aprobada, justo a cinco meses de que Américo Zúñiga entregue la administración municipal a la oposición.

Según documentó Imagen del Golfo el 10 de mayo pasado, en una nota firmada por su reportera Rosalinda Morales, la solicitud que estaba por aprobarse fue devuelta a la Comisión de Hacienda Municipal. Entonces, los diputados de Morena –quienes aun no sabían que gobernarían la capital-, solicitaron una moción suspensiva ante la serie de irregulares que observaron a la empresa.

La diputada Tanya Carola Viveros acusó deficiencias en el manejo de desechos y la contaminación de los mantos acuíferos en la congregación de El Tronconal. Además, “destaca significativamente la premura de la firma del contrato que no vence sino hasta abril próximo; pareciera que urge que dicho contrato, sin beneficio para la población, sea firmado para comprometer al próximo gobierno municipal a respetarlo”. Y parece que así sucederá.

Si el contrato vence en abril de 2018, ¿entonces cuál era la prisa? La reacción del próximo presidente municipal no se hizo esperar. En conferencia de prensa, ayer por la tarde Hipólito Rodríguez acusó al presidente municipal de tomar decisiones que corresponderán a la nueva administración, que la empresa duplicó el cobro por tonelada de desechos que recolecta y que el relleno sanitario se encuentra sobre un cuerpo de agua. De nada valieron, al menos por el momento, sus argumentos.

Del caso no hay cifras confiables, pero si nos ponemos a contar la fila de beneficiarios, entonces entenderíamos por qué el costo de la contraprestación y los años que se establecen en beneficio del concesionario. Estaríamos hablando, por lo menos, de la autoridad municipal –señalar al alcalde sería osado pero eso no lo exime de responsabilidad-, el cabildo, el poderoso sindicato de limpia pública, la comisión legislativa encargada de elaborar y enviar el acuerdo a la Junta de Coordinación Política y los líderes parlamentarios que la integran.

¿Cómo criticar entonces cuando la administración estatal y el Ayuntamiento hacen exactamente lo mismo: ampliar concesiones que no corresponden a su periodo de gobierno? En estos asuntos de los deberes del estado que asumen los particulares, los beneficiarios –autoridad y concesionarios- nunca tienen llenadera.

La del estribo…

  1. Reconocido por ella misma, la Iglesia tuvo una participación muy relevante en las elecciones de 2016. Ahora está lista para dar la batalla política en contra de la despenalización del aborto, desde el amago de intervenir, incluso desde los púlpitos, en la elección presidencial. Mientras, habrá que ver en qué termina el concubinato de PAN y PRD en Veracruz con este espinoso asunto.
  2. Un Juez federal advirtió a un funcionario de la PGR que se le impondrá una multa si no remite en el plazo que se le concedió los dos tomos de prueba que conforman las carpetas de investigación relacionadas con el papá de Karime Macías. Entonces, ¿por qué se asombran cuando la sociedad asume que hay un pacto oculto a favor de Javier Duarte?
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