De feminicidios, despensas y paellas

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• Rafael Pérez Cárdenas

El martes pasado, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que se ocupe de manera urgente y decidida en la atención y prevención de los delitos que constituyen violencia de género. Otra vez, la respuesta fue el silencio absoluto y la caja china.

La situación que prevalece en Veracruz es realmente preocupante. Está a punto de emitirse una segunda alerta de género, debido a la gran cantidad de homicidios que se han registrado durante este año y la nula intervención de la autoridad estatal. Como aquí se dijo, en nuestro estado no se necesita una razón –la que fuere- para asesinar a una mujer. Basta con que lo sea.

El 23 de noviembre pasado Veracruz había recibido una primera alerta por parte de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, el gobierno estatal está más interesado en movilizar su policía para detener distribuidores de despensas que en brindar protección y justicia a mujeres que son violentadas todos los días.

Nadie exagera cuando dice que ser mujer en Veracruz es un riesgo permanente. No hay una razón específica por la cual se violente a la mujer, simplemente se hace por su condición de género.

La Universidad Veracruzana realizó un estudio sobre feminicidio en Veracruz, en el que da cuenta de cómo, entre enero y agosto de este año, han sido asesinadas 169 mujeres, lo que implica un incremento del 48.24% respecto del mismo periodo del año anterior, cuando su tuvo registro de 114 víctimas. Esto representa que en Veracruz son asesinadas más de veinte mujeres cada mes como consecuencia de la violencia de género.

La investigación hecha por la Universidad –insisto porque no se trata de una organización civil que pueda ser descalificada-, nos dice que tan sólo en el pasado mes de agosto ocurrieron 23 homicidios de mujeres, de los cuales 17 cuentan con los elementos para ser tipificados como feminicidios.

De todo ello, la Fiscalía del Estado no tiene un caso resuelto, no hay responsables bajo proceso, y lo que es peor, muchos de ellos sólo han sido investigados como homicidios dolosos, lo que violenta más la condición de las víctimas. Si seguimos así, el primer año del “gobierno del cambio” podría registrar una cifra récord en asesinatos de mujeres, con más de 200 homicidios dolosos y feminicidios.

El gobierno de Veracruz ha ignorado todas las acciones a las que está obligado como parte de la alerta de género que se ha emitido, como lo han denunciado diversos colectivos y grupos de defensa de derechos humanos.

La alerta es muy clara. El gobierno está obligado a darle difusión y establecer una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública encaminada a la recuperación de los espacios públicos; tampoco se realizan patrullajes preventivos en lugares donde se tenga conocimiento de la comisión de conductas violentas o delictivas en contra de mujeres; ni se han implementado mecanismos de vigilancia y seguridad pública, sugiriendo una vigilancia prioritariamente por mujeres.

Los veracruzanos exigen un Fiscal profesional que investigue y castigue a los responsables y no que en su irresponsable frivolidad nos enseñe a preparar paella. Este gobierno ha demostrado su ineficacia y son los veracruzanos, particularmente las mujeres quienes con su vida están pagando esta falta de autoridad.

Así, mientras los casos de feminicidios llenan los archiveros, los asuntos electorales son ahora su prioridad. El martes pasado fue detenido en Veracruz el Presidente del Colegio de Mecánicos y Electricistas, quien no es funcionario público, por la presunción de un posible delito electoral. Al amparo de una supuesta flagrancia, la Fiscalía del Estado violentó el principio de presunción de inocencia. Ayer mismo fueron puestos en libertad.

Nada se sabe de la investigación que se abrió luego de que funcionarios del gobierno estatal participaron, a través de una Asociación Civil fantasma llamada Yúnete, en el reparto de apoyos a habitantes de los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán.

Lo hicieron utilizando recursos públicos, vehículos propiedad del estado, y haciendo proselitismo de una manera franca y abierta a favor del partido al que pertenece el gobernador y su familia. Fue un escándalo nacional que terminó el despido de los implicados –sólo para protegerlos- y en una simple llamada de atención de la autoridad electoral.

A pesar de la evidencia y la confesión de los propios funcionarios, no se les ha tocado ni con el pétalo de una carpeta de investigación. Lo que hizo el Fiscal, amigo personal de los denunciados, fue archivar un folder con hojas en blanco. Ese es el estado que guarda la investigación.

Los agravios sufridos en el pasado han convertido a los simpatizantes del actual régimen estatal exactamente en lo que tanto denostaron: opinadores exentos de crítica y defensores a ultranza de un régimen lleno de corrupción y autoritarismo. No hay que ser adivino para saber que serán las mismas excusas las que escucharemos en el futuro, cuando se corra el velo de lo que  verdaderamente está pasando en Veracruz.

Debe ser difícil convertirse en lo que se aborrece.

Las del estribo…

  1. Lo que hoy sucederá en el Congreso local, por exagerado que parezca, evoca al PRI que tanto añora el Gobernador Yunes Linares. Exige un Congreso a modo, sin contrapesos, que no pida cuentas, que vote todo lo que se envíe –particularmente el presupuesto 2018-, y que sirva, al igual que la Fiscalía y el Tribunal de Justicia, para perseguir a sus enemigos políticos, aunque haya pactado con ellos.
  2. Si la reconstrucción tras los sismos de septiembre costará poco más de 37 mil millones de pesos, entonces podemos darnos una idea del brutal saqueo que se hizo a Veracruz durante las últimas dos administraciones. Claro, si lo que dicen las autoridades estatales es cierto y lo pueden demostrar.
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