El principio del fin

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• Rafael Pérez Cárdenas

De manera oficial, ayer inició el proceso electoral local para elegir al nuevo Gobernador del estado y a los integrantes del Congreso local. Como sucedió hace un par de años, podríamos encontrarnos ante el principio del fin de un clan político.

Si en aquél noviembre de 2015 ya era evidente la corrupción y el saqueo desmedido de las instituciones -que hoy han pasado a ser simples apéndices de un gobierno centralista y personal-, hoy ni el estado ni las propias instituciones han corrido mejor suerte, salvo para la razón de que una generación de ladrones ya se ha ido, aún cuando haya algunos que aún encuentren cobijo en la actual administración.

El proceso electoral empieza en medio de una crispación social muy importante. Si antes la indignación y el enojo tenían su origen en la corrupción, la frivolidad y la falta de experiencia del gobierno de Javier Duarte –como una extensión de la fidelidad perversa-, hoy se le han sumado el miedo y la impotencia ante una ola de violencia nunca antes vista.

En el principio del gobierno de Miguel Ángel Yunes, la inseguridad sólo se entendía como un tema de percepción alimentado por los medios. El despertar para el gobierno estatal vino ante la cascada imparable de violencia, de homicidios, secuestros, robo a comercios; cientos de casos que no se podían ocultar a la sociedad, por más que se censurara a los medios.

Las cifras oficiales, las que provee el propio gobierno a través de sus instituciones, han mostrado que esta es la peor violencia vivida en la historia del estado, sólo comparable precisamente a los años en que Miguel Ángel Yunes sirvió como Secretario de Gobierno. Intentar gobernar con un bidón de gasolina en la mano nunca ha sido una buena idea.

Precisamente el martes pasado, en alusión a la muerte del médico veracruzano David Casanova López, el Senado de la República propuso un nuevo exhorto –el tercero en un mes- para el gobierno de Veracruz se ocupe de manera eficaz en detener la ola de violencia.

Y aunque no deja de tener su filón político en la víspera precisamente del inicio del proceso electoral, las cifras que sustentan la proposición son de verdadero terror: Veracruz es uno de los primeros lugares a nivel nacional en secuestros. Tan sólo en el mes de septiembre de 2017, se presentó un incremento de 40% en la incidencia de este ilícito con respecto al mismo período del año anterior.

En lo que se refiere a la incidencia de homicidios, se ha documentado que en el mes de septiembre se presentó un aumento de 43%, con respecto al mismo periodo del año anterior; en el caso de las extorsiones crecieron en un 231%; el robo de vehículos 16%; y la incidencia de lesiones se incrementó en 34%. Sobra decir que efectivamente, estamos peor que con Duarte.

El propio gobernador ha reconocido que la seguridad ha sido el talón de Aquiles de su administración. Lo sabe y está operando para equilibrar la balanza del costo social y político que ello le representa.

Por eso, como ya se ha mencionado, en esta jornada electoral que inició ayer, Yunes Linares no le apuesta a las encuestas; tampoco le apuesta a la popularidad –lo que explicaría también su nula difusión institucional y sus escasas giras de trabajo al interior del estado-, sino que está trabajando soterradamente para tener el control institucional del estado.

Y eso lo vemos todos los días. Luego de que en el ORFIS dejó pasar a todos los bateadores fidelistas y duartistas con base con bolas –en más de diez años no encontró desvíos relevantes-, resulta que en el primer año de la administración yunista detectó más de 12.5 mil millones de pesos de daño patrimonial en sólo un año de ejercicio. Cosas de la alternancia.

Lo mismo sucede en el Tribunal Superior de Justicia que se ha sometido a la voluntad revanchista de mandatario estatal, a cambio de conceder poder absoluto y discrecional al Magistrado Presidente. Así, mientras los casos de cientos de personas desaparecidas y asesinadas no prosperan o se empantanan en una orden de aprehensión, los presos políticos –a quienes aún no se les comprueba culpabilidad- siguen ahí purgando prisión.

El Congreso es un caso execrable. Se ha empoderado a un grupúsculo ignorante y ambicioso que ha roto todos los acuerdos legislativos y las normas de gobierno interno para mantener la Junta de Coordinación Política y con ella, sus privilegios y acceso a los recursos públicos. Irónicamente, muchos integrantes del peor Congreso de la historia del Estado, ya se aprestan para -con la venia del Gobernador- lanzarse en pos de una reelección que no merecen ellos, ni los veracruzanos.

La misma situación sucede hoy con los órganos electorales, supeditados al control presupuestal y político, en una abierta simulación de independencia y transparencia. Hoy el OPLE, el IVAI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, El Instituto Veracruzano de las Mujeres y hasta algunos sectores de la Universidad Veracruzana se encuentran listos para salir a la aventura de la reelección hereditaria.

De las condiciones en que arrancan los partidos políticos y sus eventuales candidatos, así como de los momios que mueven las encuestas hablaremos en los próximos días, porque al igual que hace dos años, también podríamos estar ante el principio del fin.

La del estribo…

  1. En el gobierno de Duarte se habrían desviado casi 75 mil millones de pesos asegura la Auditoria Superior de la Federación, pero resulta que en los tribunales federales y locales se sigue acusando a los ex funcionarios por llevarse sólo las migajas. Alguien sigue mintiendo y alguien está protegiendo, que al final es lo mismo.
  2. La cero tolerancia a presiones de partidos o instancias oficiales despierta la ternura de cualquiera. Miguel Ángel Yunes no llegó al gobierno para entregarlo en dos años. Si en el OPLE no lo conocen, muy pronto lo va a conocer.
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