Justicia mexicana atenta contra derechos de mujeres indígenas

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La Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV) y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Golfo (CIESAS) realizaron el viernes 23 de noviembre la mesa de discusión “México ante la justicia internacional. Violaciones a los derechos humanos de mujeres indígenas”, con la participación de Valentina Rosendo Cantú, quien ha dedicado 16 años de su vida a buscar justicia, tras ser violada y torturada sexualmente por miembros del Ejército en 2002.

Este caso, así como el de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de la sierra de Zongolica en Veracruz, y el de muchas más que han sido víctimas de éste y otros delitos, fueron comentados en el marco del Seminario “Violencias contra mujeres en Veracruz”, en coordinación con la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, el Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” y el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.

El objetivo del foro, desarrollado en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” del CIESAS-Golfo, fue poner en el debate público por qué México ha sido señalado por no ejercer justicia en casos de violación de derechos humanos de este sector y cómo han llegado a instancias a internacionales.

Asimismo, trascendió la importancia de dialogar y documentar las condiciones por las que atraviesan las mujeres indígenas en Veracruz y el país, y los puentes que se pueden tejer en la academia, en la sociedad civil y organismos de la administración pública.

La primera intervención estuvo a cargo de Valentina Rosendo, quien aprendió a hablar español para buscar justicia. Ante la negativa del gobierno de México para condenar el abuso y ejercer castigo contra los culpables, el caso de la joven indígena de la etnia Me’phaa de La Montaña de Guerrero fue atraído por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Tras 16 años de lucha, el 11 de julio del presente año la CIDH reconoció su verdad, otorgó 19 años de prisión a los culpables y exigió la reparación del daño a la víctima.

Valentina narró que tras la agresión ocurrida en la comunidad Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero, tuvo que caminar ocho horas para denunciar a sus agresores. En ese entonces sólo contaba con 17 años de edad y ya era madre de una niña de tres meses de nacida.

Sin embargo, para intentar callarla los militares le ofrecieron dinero, “pero yo no quería dinero, quería justicia para que esa situación no se repitiera con otras mujeres de la comunidad, quienes por miedo no se atreven a denunciar”.

En vez de brindarle el apoyo necesario, la respuesta del gobierno mexicano fue amenazarla y señalarla de haber estado sembrando amapola al momento del ataque.

Expresó que por esa razón aprendió a hablar español y a su causa se sumaron varias organizaciones.

Por su parte, Esther Espinoza Osorio, de Kalli Luz Marina, A.C., dio a conocer que en la zona de Zongolica, en el estado de Veracruz, siete de cada 10 mujeres vive algún tipo de agresión y violencia, tema que es poco común hablarlo ante la prevalencia del sometimiento ante los hombres y el patriarcado.

A esto, dijo, se ha sumado el incremento de feminicidios debido a que los hombres están siendo reclutados por el crimen organizado y ahora, aunado a los golpes, son asesinadas con arma de fuego.

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