La amenaza legal y la Ley de Herodes

0

• Rafael Pérez Cárdenas

Según el tumbaburros, la amenaza proviene de una cosa o persona que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para alguien o algo; en el Derecho, puede ser interpretado como un delito contra la libertad.

Por otra parte, la expropiación es una institución de Derecho Público, constitucional y administrativo, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización: concretamente, a un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que este sea explotado por el Estado o por un tercero. Aclarado el punto, entremos en materia.

En su atropellado intento por recuperar la credibilidad perdida, el gobierno estatal ha convertido a Veracruz en un moderno San Pedro de los Saguaros, donde ha sido capaz de interpretar la Constitución y las leyes a su antojo.

Como en la Ley de Herodes, las buenas intenciones del inicio, se han convertido en actos que desconocen la legalidad, bajo la justificación justiciera en contra de Javier Duarte y su pandilla de ladrones. No ha tenido pudor en recurrir a la mentira como recurso cuando ha sido necesario y al silencio como explicación de los asuntos que le resultan incómodos.

Este martes tuvimos tres perlas dignas del largometraje de Luis Estrada. Suponer que se puede restaurar el orden transgrediendo la ley es una apuesta muy arriesgada. La figura de la “amenaza legal” se ha convertido en el nuevo sistema de justicia en el estado, lo mismo para que ex funcionarios devuelvan los bienes adquiridos ilegalmente como para coaccionar lo mismo a burócratas, agentes de tránsito o empresas, constructores y prestadores de servicios.

La primera fue el despido masivo de agentes de tránsito en el puerto de Veracruz, bajo el argumento de acabar con la corrupción y ante señalamientos que los vinculan con la delincuencia organizada. En respuesta a las denuncias de los uniformados, el mandatario dijo que no se había amenazado a los elementos para que renunciaran, sino que sólo “se les advirtió que se iba a aplicar la ley”, lo que justificó como una “amenaza legal”. Entonces, ¿en qué quedamos?

Suponiendo sin conceder –como dirían los clásicos- que los uniformados sean responsables de lo que se les acusa. ¿No correspondía que fueran sancionados y sometidos a proceso en caso de comprobárseles esa responsabilidad? Si hay evidencia, se les está perdonando con el despido; si no la hay, entonces hay una actuación arbitraria de la autoridad.

El segundo caso fue la novela de Eva Cadena y sus 500 mil pesos. Resulta que una vez que el video se hizo público, uno de los primeros declarantes fue precisamente el Gobernador del Estado, acusando a Morena de corrupción; sin embargo, durante la conferencia de prensa de ayer martes, cuando se le cuestionó su posible intervención en la trampa, dijo que “no iba a entrar en temas que no debía entrar”, cuando en realidad él se metió solito.

El tercer caso es una joya. La expropiación de una casa, supuestamente propiedad de Javier Duarte, en el municipio de Tlacotalpan. La explicación que se dio el domingo por la noche es que tal decisión se había tomado como consecuencia de que el inmueble había sido adquirido de manera irregular con dinero público. Todo lo demás fue un carnaval de errores.

De acuerdo a la ley, la figura de expropiación no considera que esta se utilice cuando se trata de la recuperación de un bien para la reparación del daño, sino que se establezca su utilidad pública. Cuando el mandatario estatal cayó en la cuenta de lo que se había dicho, intentó enderezar la plana diciendo que se había justificado plenamente la utilidad pública para el desarrollo y fomento de la cultura. ¿Entonces en qué quedamos?

Otro desliz fue precisamente cuando se refirió que no se había pagado un centavo por el inmueble, y que si los dueños –acusados de fungir como prestanombres- querían reclamar el dinero que por ley les corresponde, entonces que fueran primero a presentarse a la Fiscalía General del Estado, es decir, otra vez la figura de la “amenaza legal”.

Pero resulta que sí hubo un pago por el inmueble, a menos que se haya utilizado a la Gaceta del Estado para emitir una flagrante mentira. Diversos medios nacionales replicaron la información publicada por El Universal que señala que el Gobernador Yunes Linares determinó pagar dos millones 966 mil pesos por la expropiación de la vivienda atribuida a Javier Duarte.

“De acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el gobierno panista –omiten el vínculo con el PRD- determinó como indemnización a la dueña del inmueble, Claudia Patricia Grajales Romo, una cantidad de dos millones novecientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y un pesos.”

Y viene otra vez la cascada de preguntas que se quedan sin respuesta. Si efectivamente el inmueble se adquirió con dinero público, ¿por qué no se realizó la denuncia correspondiente, con el propósito no sólo de recuperarlo sino de castigar a aquéllos que hayan fungido como prestanombres? ¿Para eso será utilizada la figura de la expropiación?

Pero aún hay más. Si sabía que no iba a realizarse ningún pago, ¿por qué estableció una cantidad en el decreto que él mismo firmó? Si hay expropiación sin indemnización, ¿no se violenta el decreto que él mismo firmó? Y ¿basta devolver para ser perdonado? El Palacio de Gobierno se podría llenar de chivos y marranos, como sucedió en la mencionada cinta.

Las del estribo…

  1. Lo que en realidad Gina quiso decir no se incluyó en su largo texto: si se meten conmigo diré mucho de lo que sé y aténganse a las consecuencias. Recordó dos nombres hasta ahora en el olvido cómplice: Erick Lagos y Jorge Carvallo. Tiene razón, se acerca el holocausto.
  2. Al paso que vamos, con la llegada de Eva Cadena, la bancada más numerosa en el Congreso local será la de los independientes prófugos de la justicia.
Share.

Leave A Reply

A %d blogueros les gusta esto: