Nadie le quiere prestar a Yunes

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• Rafael Pérez Cárdenas

Hasta ahora, muy pocos conocen el color del dinero de Miguel Ángel Yunes. Ni el público ni el privado. Y las razones son muchas, desde el hecho de que no quiere mostrarlo para sostener hasta donde sea posible el argumento del estado quebrado, hasta mantener a resguardo el cochinito que se ha armado para la campaña electoral de su hijo.

Pero se equivocaron. Ese discurso de que Veracruz está en quiebra; que no hay dinero para pagar la nómina de la burocracia; que la falta de recursos obliga a mantener los pasivos con la Universidad Veracruzana, con los Ayuntamientos y con decenas de acreedores -quienes siguen esperando una respuesta-, sirve para la política y las elecciones, en cambio, para las finanzas y el sistema bancario es un disparo en la cabeza.

La opacidad en el manejo de las cifras, las contradicciones entre el gobierno estatal, el ORFIS y las calificadoras respecto del monto real de la deuda y el inicio del proceso electoral para renovar la gubernatura son señales de alarma para cualquier banco. Veracruz ha dejado de ser un negocio rentable para la banca, no así para los políticos.

¿Cómo confiar en que el acuerdo será respetado por el nuevo gobernador y no buscará, nuevamente una reestructura? ¿Cómo tener la certeza de que el gobierno estatal cumplirá sus compromisos si las calificadoras y el discurso oficial dicen que no tienen ni para pagar la luz? Y si no hay para pagar, ¿también ofrecerán inmuebles como a la Universidad Veracruzana? Los bancos creen en el dinero, no en los discursos demagogos, por eso es que nadie ha querido concursar para adquirir la deuda estatal.

En agosto pasado, el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció que del 4 al 11 de septiembre se realizarían propuestas con los bancos que estuvieran interesados en  participar en la licitación pública para la contratación de uno o más créditos por la deuda pública de Veracruz por un monto de 38 mil millones de pesos. Hasta ahora, nadie parece interesado en meterle dinero bueno al malo.

En la Gaceta del Estado publicada el 31 de agosto, se incluye la licitación pública PC/LP/008001/001/2017 para que los bancos compren la deuda como parte del proceso de reestructuración. Ya retrasados en el calendario original anunciado por el Gobernador, se dio como plazo el 12 de septiembre para pioner a disposición las bases de licitación, una semana después se llevarían a cabo la junta de aclaraciones, y se darán cinco semanas para que los bancos lleven a sus comités de créditos las autorizaciones necesarias para participar en la licitación.

En su tropical optimismo, se decía en la convocatoria que el 24 de octubre –el martes pasado- se recibirían en sobre cerrados las ofertas de los bancos, y finalmente el día de hoy se emitiría el fallo para asignar los créditos.

En lugar del fallo establecido, resulta que el gobierno sigue intentando convencer a los banqueros de que le compren la deuda. Y en ese vano afán, este martes se dio a conocer la ¡tercera! modificación a la licitación pública, específicamente respecto al Fondo de Reserva y posibilidad de prepago, según se lee en el número extraordinario 424 de la Gaceta Oficial del Estado. En consecuencia, la reestructura no se pudo concretar entre noviembre y diciembre como estaba previsto.

A esta publicación se refirió ayer mismo el economista Rafael Arias, a quien pocos regatean conocimiento en el tema. Las modificaciones que se han hecho a la convocatoria pública nacional para que los bancos adquieran deuda por 38 mil millones de pesos que dejó la pasada administración, se deben a que el gobierno de Miguel Ángel Yunes sigue teniendo un problema en cuanto a las tasas de interés y de calificación negativa, refiere la nota de Rafael Meléndez en Al Calor Político.

Sin duda, las razones de la calificación negativa –la que se quiso evitar a través de la creación de un Fideicomiso- tienen su origen en el doble discurso del gobernador. Cuando se dio cuenta de ello, era demasiado tarde. Hoy tiene que ofrecer mejores condiciones a los bancos, lo que nos saldrá más caro.

En Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, tuvo que enfrentar una situación muy similar tras la desastrosa administración de Rodrigo Medina y el crecimiento exponencial de la deuda estatal. Sólo que los resultados fueron diametralmente diferentes, tal vez porque de manera inteligente, el mandatario acusó la corrupción pero nunca se refirió a Nuevo León como un estado insolvente.

De esta forma, allá la banca comercial si le entró de inmediato a la reestructuración de la deuda, con montos más razonables y tasas de interés aceptables para ambas partes. Los bancos Afirme, del Bajío, Interacciones y Multiva resultaron ganadores de la licitación lanzada por el Gobierno de Nuevo León para contratar financiamiento público por hasta 3 mil millones de pesos, como parte de la reestructura de su deuda.

En ese proceso se invitó a 13 bancos, de los cuales cinco presentaron propuestas. Todas las asignaciones son con un plazo de 20 años y quedaron de la siguiente manera: Afirme, hasta 300 millones de pesos, con sobretasa de 1.25 por ciento; Banco del Bajío, 500 millones de pesos, con TIIE más 1.19 por ciento;  Interacciones, 700 millones de pesos, con sobretasa de 1.35 por ciento y Banco Multiva, mil 500 millones de pesos, con sobretasa de 1.35 por ciento.

En cambio acá, queremos vender al caballo, acusándolo de cojo y desahuciado.

Las del estribo…

  1. Éramos mucho y parió la abuela. Más allá de a quien le asiste la razón, el diferendo entre Américo Zúñiga e Hipólito Rodríguez empieza a convertirse en un dolor de cabeza para los xalapeños. Hace bien el alcalde electo en defender su posición, sin embargo, si también ese será su trato con el mandatario estatal, nos podría esperar una larga noche de acusaciones infinitas. Xalapa necesita acuerdos.
  2. Vaya cosa. Resulta que nadie compró al mandatario estatal el pomposo anuncio de la instalación de seis mil cámaras de video vigilancia. Para la iglesia, el “big brother” no inhibirá el crimen; para los investigadores, podría servir para reprimir manifestaciones sociales. Para algunos funcionarios del gobierno, sin duda será un gran negocio.
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