¡Y encima nos dio tuberculosis!

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• Rafael Pérez Cárdenas

El resurgimiento de la tuberculosis en Veracruz –nuestro estado ocupa el primer lugar nacional con 363 casos registrados-, demuestra que el deterioro social y económico es más grave de lo que se pensaba. Las enfermedades vinculadas a la pobreza han disparado sus índices ante la aparente indiferencia del gobierno federal y la incapacidad preventiva de las autoridades locales.

Hay una “enfermedad”, publicó recientemente la prestigiosa revista médica The Lancet, que acorta la vida más que la obesidad, el alcoholismo y la hipertensión; que no se diagnostica ni se trata específicamente; que no está en el punto de mira como un factor determinante de la salud. Se trata de la pobreza, esa que es tan familiar a más de la mitad de los veracruzanos.

Todo el mundo sabe que algunos padecimientos no tienen que ver con la constitución física de las personas sino más bien, por su condición de miseria extrema. Y en Veracruz, esta ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Así, por ejemplo, la tuberculosis ha mantenido un crecimiento sostenido, al grado que luego de varios años somos el primer lugar nacional. Este domingo, el portal de noticias Al Calor Político citó al Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, en el que se confirma que “Veracruz es el estado que registra el mayor índice de enfermos de Tuberculosis Respiratoria con 363 casos diagnosticados hasta el pasado 27 de marzo, de los cuales 235 son varones y 128 mujeres”.

Si bien es cierto que se trata de una afección curable y que se puede prevenir, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), también lo es que se trata de un padecimiento vinculado estrictamente a las condiciones de pobreza.

Las enfermedades “de los pobres” tienen que ver con su pobreza alimentaria, la calidad del agua potable que consumo y el acceso a atención médica. En los tres indicadores, nuestro estado se mantiene en los últimos lugares del país.

Antes de ser devorado por la burocracia y la frivolidad, el actual director del IPE, Hilario Barcelata, ya había alertado hace un par de años, al menos desde el escritorio, lo que estaba por venir: “Veracruz es uno de los estados con mayores problemas de salud pública. Esto se refleja de manera dramática en el valor que alcanza la Esperanza de Vida, que es un indicador de la calidad de vida de las personas y que en el estado es de 74.4 años, lo cual lo ubica en el lugar 31º entre los estados con peor situación en salud, muy por debajo de Quintana Roo con 76.6 años, Distrito Federal y Tlaxcala con 76.4 años. Incluso se ubica por debajo de la media nacional que es de 75.6 años.”

Según el actual funcionario yunista, entonces un destacado investigador, decía que otro indicador asociado a la pobreza de la población y a la escasez de recursos públicos aplicados a la salud pública y a la provisión de agua potable, “es la Tasa de Mortalidad por enfermedades diarreicas que se refiere al número de muertes de niños menores de 5 años cuya causa es una enfermedad infecciosa intestinal por cada 100 mil niños de ese grupo de edad. El valor de este indicador es de 8.57 y ubica a Veracruz en el lugar 21º entre los estados de peor situación, por debajo de la media nacional.”

Pero está visto que no es lo mismo ser borracho que cantinero. El actual gobierno llegó con múltiples diagnósticos respecto de la deplorable situación que observaba en gobierno duartista en prácticamente todas las áreas. Echar la culpa a la falta de recursos o a la crisis institucional heredada, sólo es una justificación política en tiempos electorales.

En Veracruz nos seguimos enfermando por ser pobres, no solo por la falta de medicinas o de infraestructura hospitalaria. Lo que ha pasado en el sector salud lo conocen muy bien los médicos –muchos de reconocido prestigio-, quienes han decidido refugiarse en su consulta particular, ante la inmundicia que han conocido en el sector público.

Las del estribo…

  1. Que hayan iniciado un proceso penal en contra de Carlos Aguirre -ex Subsecretario de Finanzas y Tesorero del gobierno de Javier Duarte- por su responsabilidad en el saqueo demencial que sufrió el estado, es un acto de justicia. Que filtren el video del cateo a su casa, es un acto ilegal y de venganza. Sólo son cajas chinas para indignar al espectador.
  2. “No voten por quienes quieren perpetuar, sin mérito, las mismas familias en el poder”, dijo ayer el comunicado oficial del Arzobispado. ¿Yunes? ¿Herrera?, ¿A quienes se refieren los obispos? Digo, para saber a qué atenernos…
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