¿Y si fumamos la mota de la paz? (II)

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• Rafael Pérez Cárdenas

A reserva de que cada quien tenga su propio criterio de evaluación, algunos de los saldos que nos ha dejado la guerra contra el narco –que se ha mantenido hasta ahora pero que ya no se le llama por ese nombre- es el siguiente:

Las muertes violentas relacionadas con el narcotráfico suman más de 200 mil en sólo doce años –se calcula que fueron 121 mil con Felipe Calderón y 90 mil en lo que va el gobierno de Enrique Peña-; en nuestro país se lavan más de 60 mil millones de dólares al año, la tercera cifra más alta del mundo.

Según la ONU, en México circula una cantidad de armas de fuego, suficientes como para armar a uno de cada tres hombres adultos en el país, pues se estima que unas 2 mil piezas de alto calibre, se introducen de manera ilegal de Estados Unidos cada día. En los últimos seis años, el consumo de drogas entre niños y adolescentes aumentó en 47 por ciento –pasó de 5.7 millones de con consumidores a poco más de 8.4-.

En la última década han muerto más de 500 soldados y más de mil 200 policías federales. Hay más policías muertos que narcos detenidos. De una decena de cárteles que existían al inicio del gobierno de Calderón, hoy se identifican más de 400 grupos de delincuencia organizada. Todo nos salió mal.

A pesar de estos resultados, Felipe Calderón justifica su decisión de iniciar esta guerra, llevando al ejército a las calles, ante el riesgo de que nos convirtiéramos en un narco Estado. Sin embargo, no era más que un acto de legitimación política y social para apaciguar la crisis política que había provocado su elección.

Hasta entonces, los cárteles no habían mostrado ningún interés en la política, hasta que la necesidad de encontrar aliados estratégicos los llevó a intervenir en procesos electorales y vincularse a políticos en todos los niveles.

El resultado es un país que vive con miedo frente a la delincuencia organizada y las propias autoridades. Una encuesta del INEGI reveló que en junio de este año, 74.9% de la población adulta consideró que vivir en su ciudad es inseguro. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.2%, mientras que los hombres se ubicaron en 68.9%. Y eso no tiene otro origen que la violencia desatada por la guerra contra el narco.

¿Se necesitan más argumentos para iniciar de manera seria el debate sobre una tregua que permita analizar a conciencia un pacto institucional con los cárteles en el país, además de valorar la legalización en el consumo de ciertas drogas? Es cosa de preguntar a las familias enlutadas, a los soldados que desean dejar de trabajar como policías, a los comerciantes que no quieren ser extorsionados o secuestrados. Hay muchas opiniones qué escuchar, incluso la de los políticos.

Pero si estos son algunos de los saldos de lo que ha pasado en todo este tiempo, podemos imaginar, sólo imaginar lo que podría pasar si este acuerdo fuera posible.

En seguridad, con reglas perfectamente establecidas, los soldados podrían regresar a sus cuarteles. Las policías, desde la federal hasta las municipales, dejarían de engrosar la nómina de la delincuencia y tendrían la posibilidad real de contar con mejor equipamiento y capacitación.

El acuerdo debe fortalecerse con un modelo de legalización en el consumo de ciertas drogas que permita establecer una actividad económica lícita, cancelando toda posibilidad de actos de barbarie como los homicidios –muchos de ellos cometidos en contra de mujeres- la extorsión, el secuestro, el cobro de piso o la trata de personas, que son algunos de los delitos que más temor infunden entre la población.

Esto ayudaría, además, a reducir drásticamente el tráfico de armas a nuestro país, evitando que crezca el mercado negro que sólo alimenta la violencia.

En lo económico, se establecería un fondo especial con los recursos aportados por los cárteles a cambio de su reconocimiento. Considerando tales fortunas, habría la posibilidad de operar un programa de reparación del daño a las víctimas, para que de acuerdo al análisis de cada caso, las familias recibieran apoyo económico –hasta de un millón de pesos, por ejemplo- que les permitiera recuperar su estabilidad.

De estos recursos también servirían para capacitar y equipar mejor a los cuerpos policiacos, además de fortalecer todas las tareas pendientes para la implementación integral del nuevo sistema de justicia penal. Y en complemento, destinar dinero a la atención y prevención de adicciones. Eso, sí habrá que asegurarse que los recursos no vayan a parar a los bolsillos de los administradores.

Y en lo social, muchas poblaciones –y sus actividades productivas- recuperarían la paz y la tranquilidad. Al no destinarse dinero al pago de extorsiones y derechos de piso, la misma economía encontraría un repunte importante. Se podría garantizar la recuperación de espacios públicos y el retorno de miles de jóvenes a la escuela o a nuevos empleos que se generen con la inversión legal que se haga de los recursos obtenidos por el narco en estos años.

Por supuesto que un acuerdo institucional no acabaría con la delincuencia organizada en el país; la fragmentación y polarización la ha convertido en un monstruo de mil cabezas, difícil de negociar. Sin embargo, sería el primer paso para empezar a reducir la incidencia delictiva y recuperar paulatinamente el estado de Derecho. A sotto voce, algunos gobernadores así lo han intentado.

Sin embargo, el gobierno federal actual no tiene condiciones para hacerlo. La sola idea le representaría una percepción social de que ha perdido la batalla y ha decidido arriar banderas, sometiendo a las autoridades frente a los delincuentes. Y eso tendría un costo electoral que nadie quiere pagar.

Además, ningún grupo, cártel o capo se sentaría a negociar la paz con un gobierno que está por concluir y que por tanto, no habría garantía alguna de que estos acuerdos se respeten, incluso si la elección la ganara el mismo partido.

Las del estribo…

  1. Los edificios del centro histórico de Veracruz se caen de viejos. Pero pues como ahí no hay negocio –pues se trata de edificios de particulares que no pueden repararlos-, mejor le ponen enjundia a la construcción de un bonito boulevard para los turistas. Total, los jarochos ya están acostumbrados a la mugre.
  2. La semana pasada, todos los aspirantes priistas a la Presidencia de la República estuvieron en Mazatlán, durante la segunda sesión presencial de la Escuela de Cuadros. Platican que el más aplaudido fue Meade. Este viernes hay Consejo Político para elegir el método de selección y echar a andar la maquinaria. El candidato ya está listo desde hace varios meses.
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